Desechos peligrosos: el régimen vigente en Venezuela que toda empresa debe conocer

El Decreto N.º 2.635 y la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos imponen obligaciones concretas a quien genera, transporta o maneja materiales peligrosos en Venezuela. Ambas normas están vigentes. En plena reactivación industrial, el inversionista debe incorporarlas a su planificación estratégica: ignorarlas tiene consecuencias operativas, administrativas y penales.

Este es el quinto artículo de una serie sobre derecho ambiental venezolano aplicado a proyectos de inversión. Los cuatro anteriores cubrieron el marco regulatorio, el Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural (EIAS), la Autorización de Ocupación del Territorio (AOT) y la figura del consultor ambiental registrado. Todos llegaron a la misma conclusión: la evaluación ambiental es el eje jurídico y técnico de cualquier proyecto en Venezuela. Este artículo añade otro ángulo: qué hacer con los materiales y desechos que ya están en las plantas que se reactivan, y con los que el nuevo proyecto generará.

Las consecuencias recaen sobre tres actores. Sobre el inversionista, en forma de pasivos ambientales y sanciones. Sobre el abogado, que debe dominar el régimen de responsabilidad operativa. Y sobre el técnico, a quien corresponden obligaciones de registro y reporte que no se delegan.

¿Qué es un material o desecho peligroso?

Material peligroso es toda sustancia o mezcla que, por sus características físicas, químicas o biológicas, puede dañar la salud, la propiedad o el ambiente. Es desecho peligroso cuando ese material pierde su uso previsto y debe eliminarse o disponerse de forma permanente. La clasificación concreta sigue los sistemas de las Naciones Unidas y la reglamentación técnica vigente.

Por qué este tema importa ahora

La reactivación productiva que Venezuela vive en 2026 impulsa proyectos en sectores que, por su naturaleza, generan materiales y desechos peligrosos: hidrocarburos, minería, manufactura química, generación eléctrica y agroindustria. Un proyecto de extracción petrolera produce lodos de perforación. Una mina genera relaves y residuos con metales pesados. La producción, formulación, venta o distribución de protectores de cultivos o fertilizantes involucra sustancias que la norma califica como peligrosas. Incluso los envases vacíos con residuos son, por definición legal, desechos peligrosos sujetos al mismo régimen.

En ese contexto, el régimen de materiales y desechos peligrosos es parte estructural del cumplimiento ambiental. El inversionista que diseña su proyecto sin incorporarlo desde la planificación construye sobre una base incompleta.

El marco regulatorio: cómo conviven el Decreto 2.635 y la Ley de 2001

Dos instrumentos regulan la materia. El primero es el Decreto N.º 2.635 (Gaceta Oficial N.º 5.245 Ext. del 3 de agosto de 1998) ("Decreto 2.635"), sobre el control de materiales peligrosos y el manejo de desechos peligrosos. El segundo es la Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos (Gaceta Oficial N.º 5.554 Ext. del 13 de noviembre de 2001) ("Ley de 2001"), que regula la generación, uso, recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final.

La Ley de 2001 no derogó expresamente el Decreto 2.635. Su Disposición Transitoria Segunda mantiene vigente la reglamentación previa —en todo lo que no contradiga la Ley— hasta que se dicten los reglamentos técnicos correspondientes, que aún no existen. El Decreto 2.635 opera entonces como reglamentación técnica subordinada: es el texto que determina, en la práctica, cómo se cumplen las obligaciones de la Ley de 2001.

A quién aplica: un universo amplio de obligados

La Ley de 2001 aplica a toda persona natural o jurídica, pública o privada, que posea, genere, use o maneje sustancias, materiales o desechos peligrosos, sea en actividad industrial, comercial, científica o médica. No importa si el origen es nacional o importado: lo relevante es la actividad y el material. Los establecimientos de salud se rigen, además, por normas específicas de clasificación y manejo.

El Decreto 2.635 identifica cuatro categorías de obligados que el proyecto debe conocer con precisión:

• El generador: produce el material o desecho peligroso como resultado de su actividad. Es el primer eslabón de la cadena y concentra la mayor responsabilidad.
• El transportista: traslada el material entre el punto de generación y el sitio de tratamiento o disposición. Debe cumplir requisitos de identificación, documentación y plan de emergencia.
• El almacenador: custodia temporalmente el material bajo condiciones controladas. La norma regula el tiempo máximo de almacenamiento.
• El operador de disposición final: trata, elimina o confina el desecho. Requiere autorización expresa de la autoridad ambiental.

En un mismo proyecto pueden coexistir varias condiciones: generador, almacenador y, en ciertos casos, operador de tratamiento. Cada una genera obligaciones propias que no se transfieren por contrato. El generador no se libera de responsabilidad por el solo hecho de contratar a un tercero para el transporte o la disposición.

Las principales obligaciones

La Ley de 2001 y el Decreto 2.635 imponen un conjunto de obligaciones operativas que el proyecto debe incorporar desde su diseño:

• Registro ante la autoridad ambiental. Quien genere, use o maneje materiales o desechos peligrosos debe inscribirse en el Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente, administrado por el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo ("MINEC"). Sin ese registro, la actividad carece de cobertura legal.
• Identificación y clasificación. Los materiales y desechos se identifican conforme a los sistemas de las Naciones Unidas, con actualización cuando lo exijan los avances técnicos o los convenios internacionales ratificados por Venezuela.
• Planes de emergencia y contingencia. El generador y el transportista deben diseñarlos e implementarlos conforme a la reglamentación técnica. El transportista debe portarlos junto con la hoja de seguridad del material, la guía de despacho y la póliza de seguro.
• Almacenamiento controlado. Debe impedir la migración de componentes peligrosos al ambiente y mantener separados los materiales incompatibles. La reglamentación técnica fija el tiempo máximo de almacenamiento temporal.
• Disposición final autorizada. Los desechos peligrosos no radiactivos solo pueden disponerse en rellenos de seguridad autorizados por el MINEC. Disponerlos en sitios no autorizados constituye delito.
• Autorización previa para importar materiales recuperables. Quien importe materiales peligrosos recuperables debe obtener autorización del MINEC antes del ingreso. Sin ella, el material se considera desecho peligroso y debe retornar al país de origen a cargo del importador.

Qué significa esto para el inversionista

La reactivación industrial pondrá de nuevo en marcha infraestructuras y plantas paralizadas por años, total o parcialmente. En muchas habrá materiales almacenados, residuos acumulados o sitios de disposición improvisados que la norma califica como desechos peligrosos. Reiniciar actividades sin identificar y gestionar esa situación preexistente genera responsabilidad. La del operador anterior no excluye la del nuevo: quien reactiva asume también lo que encuentra. Por eso la debida diligencia debe revisar el estado de los materiales y desechos peligrosos en el sitio.

El régimen tiene implicaciones en cada etapa. En la debida diligencia, que debe incluir una evaluación ambiental específica para identificar los pasivos preexistentes que el nuevo operador asume. En el diseño del proyecto, porque el manejo de desechos forma parte del estudio de impacto ambiental y de la autorización de ocupación del territorio que la normativa exige. Y en la operación continua, porque las obligaciones de registro, reporte y planes de emergencia son permanentes.

La conclusión práctica: el equipo jurídico del proyecto debe trabajar en coordinación con el consultor ambiental para que el régimen de materiales peligrosos quede correctamente incorporado en el diseño, los permisos y la operación. Un error en este frente puede comprometer la viabilidad del proyecto y la posición del inversionista frente a financistas y socios.

La reactivación productiva y la protección ambiental son objetivos complementarios. Venezuela tiene el marco normativo para lograr ambos. Conocerlo es el primer paso para operar con solidez.

Este artículo es parte de una serie sobre derecho ambiental venezolano aplicado a proyectos de inversión y reactivación. Nuestra práctica de Medio Ambiente y Recursos Naturales asesora a inversionistas, operadores y financistas en permisos ambientales, reactivación de proyectos, debida diligencia y cumplimiento regulatorio en Venezuela.