La reactivación de los sectores de hidrocarburos y electricidad en Venezuela: el papel del Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural

La reactivación de los sectores de hidrocarburos y electricidad en Venezuela: el papel del Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural

Por María Eugenia Reyes | [email protected] | Ágora Abogados SC

En 2026, Venezuela comenzó el proceso de reactivación de su industria petrolera, gasífera y eléctrica, tras años de paralización parcial o total de operaciones. Operadores nacionales y extranjeros evalúan reincorporar al mercado pozos, refinerías, plantas de procesamiento y centrales de generación. La oportunidad económica es evidente, pero el regreso a la actividad productiva no puede ser meramente operativo: exige cumplir, desde el primer día, el marco ambiental venezolano. El centro de ese marco es el Decreto Nº 1.257 (Gaceta Oficial Nº 35.946 del 25 de abril de 1996), que regula la evaluación ambiental de las actividades susceptibles de degradar el ambiente y exige la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural ("EIAS").

El EIAS es el instrumento técnico-jurídico mediante el cual el operador analiza — antes de iniciar, reactivar o detener un proyecto — los efectos previsibles de su actividad sobre el ambiente y sobre las comunidades del área de influencia. No es un trámite formal: constituye una condición de legalidad. La autoridad ambiental revisa el estudio y, de aprobarlo, emite la autorización con los límites, condiciones y planes de manejo a los que el operador queda jurídicamente vinculado. El EIAS abarca tanto la dimensión ambiental — suelos, aguas, aire, biodiversidad, residuos — como la sociocultural — comunidades indígenas y campesinas, patrimonio cultural, dinámicas socioeconómicas locales. Sin esa aprobación, ninguna actividad comprendida en el ámbito del Decreto 1.257 puede iniciarse, reactivarse ni cesar de manera regular.

El Decreto 1.257 tiene un rasgo que no debe desestimarse: la obligación de obtener la aprobación del EIAS no se activa únicamente al comenzar un proyecto. Se activa en tres momentos del ciclo de vida de la actividad productiva, y cada uno tiene consecuencias jurídicas propias: inicio de actividades, reactivación y cierre.

Primer momento: inicio de obras o actividades

Ningún proyecto comprendido en el ámbito del Decreto 1.257 puede comenzar sin contar previamente con la aprobación del EIAS. Esta es una condición de legalidad previa al arranque operativo, no una formalidad posterior subsanable. Iniciar sin EIAS aprobada equivale a operar al margen del marco ambiental venezolano, con todas las consecuencias administrativas y penales que ello acarrea.

Segundo momento: reactivación de proyectos paralizados

Este segundo momento — el que más interesa hoy a Venezuela — involucra numerosos campos petroleros, plantas de procesamiento, refinerías y centrales eléctricas que dejaron de operar durante años. Reactivar esos activos no equivale a simplemente «encender de nuevo» las instalaciones: el entorno físico, social y normativo ha cambiado. Las condiciones ambientales del área pueden haberse transformado, las comunidades del entorno pueden ser distintas, los planes de manejo originales pueden haber quedado obsoletos y, en muchos casos, los permisos ambientales pueden haber caducado. El Decreto 1.257 exige, en estos supuestos, presentar una nueva evaluación ambiental o actualizar la existente. Quien reactive sin cumplir esta obligación expone su proyecto y a sus administradores a contingencias legales relevantes.

Tercer momento: paralización o cierre de actividades

Este tercer momento es contraintuitivo: paralizar una actividad en curso también puede requerir evaluación y aprobación ambiental. Un cierre operativo abrupto o mal gestionado puede generar daños tan graves como la propia operación: derrames no controlados, abandono de residuos peligrosos, deterioro de infraestructura de contención, fuga de fluidos en pozos, desestabilización de balsas o tanques, contaminación de aguas y suelos. La autoridad ambiental supervisa los planes de cierre y abandono precisamente para evitar que la paralización se convierta en fuente autónoma de daño. Detener sin un plan ambientalmente aprobado equivale, en términos jurídicos, a operar irregularmente.

Consecuencias del incumplimiento

Las consecuencias del incumplimiento son severas y combinan responsabilidad administrativa, civil y penal. En sede administrativa, la autoridad ambiental puede imponer multas, ordenar la suspensión inmediata de las actividades, exigir medidas de restauración a cargo del operador y revocar permisos conexos. En materia penal, la Ley Penal del Ambiente tipifica como delitos diversas conductas vinculadas a la actividad sin autorización, al incumplimiento de los términos de la autorización y a la generación de daño ambiental. Las penas alcanzan privaciones de libertad relevantes en supuestos agravados, acompañadas de sanciones accesorias como inhabilitación, comiso e indemnización por daño ambiental.

Lo más relevante para la dirección de las empresas es que la responsabilidad puede extenderse personalmente a administradores, gerentes y representantes legales cuando hayan ordenado, autorizado o consentido el incumplimiento, o cuando hayan omitido los deberes de vigilancia que les son propios. La condición de persona jurídica no opera como escudo frente a la sanción penal.

El EIAS como instrumento estratégico

Por estas razones, el operador que reactiva un proyecto en Venezuela debe abordar el EIAS como un componente estratégico, no como un obstáculo. Anticipar el estudio, ajustarlo a estándares internacionales — Principios del Ecuador y Normas de la IFC — y mantener una gestión documental rigurosa son hoy condiciones para acceder al financiamiento internacional, gestionar riesgos reputacionales y proteger personalmente a los administradores frente a contingencias regulatorias. La permisología no es un mero requisito burocrático: es hoy un eje de la viabilidad jurídica, financiera y operativa del proyecto.

Este análisis forma parte de un contexto más amplio de riesgos ambientales para inversionistas. Para más información, consulte nuestro análisis sobre reactivación económica y marco regulatorio ambiental en Venezuela. Nuestra práctica de Medio ambiente y recursos naturales asesora a operadores, financistas e inversionistas en permisos ambientales, reactivación de proyectos, debida diligencia y cumplimiento regulatorio en Venezuela.

El Decreto 1.257 transmite un principio simple pero exigente: la evaluación ambiental acompaña todo el ciclo de vida de la actividad productiva. En el contexto venezolano de reactivación de hidrocarburos y electricidad, ignorar ese principio expone al operador a sanciones administrativas, a procesos penales contra sus administradores y al bloqueo del financiamiento internacional. Cumplir el Decreto 1.257, en cambio, ordena el proyecto, protege a sus responsables y abre el camino para que la reactivación industrial venezolana se sostenga en el tiempo.