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Regulatorio2026-03-115 min de lectura

Proveedores de Servicios de Pago en Venezuela: Lo Que Debes Saber

Empresas no bancarias pueden ofrecer servicios de pago digitales en Venezuela bajo la Resolución N° 18-12-01 del BCV. Conoce qué implica el cumplimiento.

Autor: Jesus Mendoza · Análisis Legal

Puntos Clave

  • Empresas no bancarias en Venezuela pueden ofrecer legalmente servicios de pago digitales similares a PayPal o Stripe bajo la Resolución N° 18-12-01 del BCV.
  • Los PSP tienen prohibido captar depósitos del público — los fondos que manejan no cuentan con la garantía de depósitos del Estado.
  • Los PSP pueden emitir instrumentos de pago y procesar transferencias, siempre que cuenten con la autorización previa del BCV.
  • El capital mínimo requerido es de aproximadamente EUR 100.000, con al menos cinco accionistas y un objeto social adaptado.
  • Las empresas deben completar una certificación técnica ante la UNAMEF antes de iniciar el proceso formal de autorización ante el BCV.

Introducción

El marco regulatorio financiero venezolano ha evolucionado para dar respuesta a la creciente demanda de infraestructura de pagos digitales. Desde que el Banco Central de Venezuela (BCV) promulgó la Resolución N° 18-12-01, existe una nueva categoría de entidad regulada: el Proveedor No Bancario de Servicios de Pago (PSP). Este instrumento permite que empresas privadas — incluyendo plataformas fintech y desarrolladoras de software — operen servicios de pago en bolívares dentro de un perímetro legal definido.

Para las empresas que buscan ingresar a este mercado, comprender los límites del marco PSP no es opcional. Es la pregunta umbral que determina si un modelo de negocio es legalmente viable.

¿Qué Es un PSP y en Qué Se Diferencia de un Banco?

Los PSP son personas jurídicas privadas autorizadas por el BCV para gestionar pagos y transferencias en bolívares. La distinción crítica respecto de un banco tradicional es doble.

Los PSP no pueden captar depósitos del público. Los fondos que manejan se clasifican como "fondos recibidos para la ejecución de pagos" — una categoría jurídica específica que recibe un tratamiento regulatorio diferente y, fundamentalmente, no se beneficia del esquema de garantía de depósitos del Estado.

Los PSP pueden ofrecer cuentas transaccionales. Los usuarios pueden mantener saldos para realizar pagos inmediatos. Los PSP también pueden emitir instrumentos de pago y procesar transferencias — siempre que cuenten con la autorización del BCV para cada actividad.

¿Cuáles Son los Requisitos para Operar como PSP?

Las empresas que buscan la autorización como PSP deben cumplir una serie de condiciones antes de que pueda iniciarse el proceso formal ante el BCV:

  • Capital mínimo: Aproximadamente EUR 100.000.
  • Accionistas mínimos: Al menos cinco.
  • Objeto social: Debe ser específicamente adaptado a la actividad de PSP. Un objeto social genérico de tecnología o software no será suficiente.
  • Cumplimiento AML/CFT: La empresa debe cumplir con las normas aplicables sobre legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.
  • Certificación técnica: Un proceso de certificación ante la UNAMEF (Unidad de Análisis del Mercado Financiero del BCV) es un requisito previo para presentar la solicitud de autorización formal.

Conclusión

El marco PSP representa una apertura regulatoria significativa para empresas fintech y procesadoras de pagos que operan en — o buscan ingresar a — el mercado venezolano. El camino está definido pero es exigente: adecuación de capital, estructura accionaria, adaptación del objeto social y certificación técnica son condiciones que deben abordarse antes de que se abra la ventana de autorización.

Para las empresas que evalúan si esta estructura se ajusta a su modelo de negocio, el primer paso es un análisis de brechas regulatorias frente a los requisitos del BCV.

¿Tiene preguntas sobre cómo esto afecta a su negocio?

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Advertencia: El contenido de este artículo es solo para fines informativos y no debe considerarse como asesoría legal. Aunque se ha realizado un esfuerzo para proporcionar información precisa y actualizada, las leyes, jurisprudencia y criterios administrativos pueden variar. Siempre se recomienda consultar a un abogado para obtener asesoría específica según el caso concreto.